sábado, 25 de enero de 2014

SOMOS INOCENTES. ESPERO “QUE NOS VAYA BIEN”

Manuel Delgado Milan
Colectivo Prometeo / FCSM

El Frente Cívico Somos Mayoría aborda con su petición de personarse en el Caso Noos el fenómeno de la corrupción, como la manifestación más evidente de que el poder institucional no es el verdadero poder porque está dominado y al servicio del poder económico. Como este verdadero poder no puede cumplir las leyes más que en su apariencia externa, se dota de otros mecanismos, al margen del sistema legal, que no aparecen públicamente más que en caso de emergencia.
La emergencia actual para ese “Estado” subterráneo tiene en la imputación de la Infanta su manifestación más clara, pero no es ni mucho menos la única. Ha sido y es de tal entidad la podredumbre que nos asola por todas partes que las alcantarillas se han colapsado y reboza a la superficie hasta las más altas cotas. La existencia de jueces concretos que intentan ser coherentes con su obligación de independencia e imparcialidad, sometiéndose solo a la ley, es decir los que se salen del guión preestablecido, han forzado a que, para compensar, otros agentes del sistema utilicen cualquier resquicio para  imponer, sobre la ley, la fuerza del verdadero poder.

         Ser conscientes de la realidad nos puede llevar a dos posiciones antagónicas, a elegir entre dos alternativas vitales que producirán consecuencias en cada uno individualmente y en la sociedad en su conjunto.   La primera es resignarse a que la ciudadanía no tiene el poder, nunca lo tuvo y nunca lo tendrá. Como estamos viendo en ese pecado llevamos estas penitencias.  La segunda es creer que podemos ejercer colectivamente nuestro poder, ese que la Constitución llama soberanía nacional, esa que reside en el pueblo español y de la que tendrían que emanar todos los poderes del Estado.
Ante la constatación de que la ciudadanía y sus derechos hoy no valen nada, de que las personas somos mercancía cada vez más barata, en Frente Cívico Somos Mayoría optamos por actuar. En la sociedad crece la idea de que no podemos resignarnos, de que resignarnos es morir lentamente en la indignidad. En el escrito de personación en el caso Noos, lo expreso así:
“El pueblo español observa el deterioro de las instituciones de las que se ha dotado y se siente moralmente agredido por la falta de respeto que se desprende de […] las manifestaciones públicas y de los escritos procesales de quienes, con mayor exigencia, debieran asumir la defensa de lo colectivo. Defenderemos la igualdad real de todos los ciudadanos ante la ley, el correcto funcionamiento de las instituciones que deben ser garantes de su aplicación; colaboraremos al equilibrio real entre las posiciones defensoras y acusadoras en este procedimiento, y reaccionaremos ante cualquier cuestionamiento injustificado e intolerable a la independencia e imparcialidad del juez, pues en la dignidad de su labor tenemos los ciudadanos depositada la nuestra”.
Hay momentos en los que la rebelión no es una opción, es una obligación. Hay momentos en los que pasar a la ofensiva es la única manera de defenderse.
Estas son las armas que tenemos: las leyes que nos amparan, el ejercicio pleno de los derechos y libertades civiles para expresar nuestra voluntad mayoritaria, es decir nuestra soberanía; y finalmente, cuando las leyes vulneren los Derechos Humanos o se usen contra esta voluntad mayoritaria y contra los derechos inherentes a las personas, sólo nos quedará la desobediencia y la rebelión.
Nuestra fortaleza está en la razón mayoritaria que se manifiesta en la ley suprema del respeto a los Derechos  Humanos, a ese mínimo de dignidad del que nadie puede prescindir y que nadie tiene concedido el poder de violar. Pero esa ley no se impone por si misma, necesitamos organizarnos, unirnos y construir el poder de la ciudadanía en un Estado donde el Derecho esté por encima de la fuerza y la ley evite la arbitrariedad del poderoso exigiendo que ésta se aplique a todos por igual. Es decir, no podemos prescindir del Estado de Derecho ni dejar que sea letra muerta en un papel. 
Podemos, y es hoy más imprescindible que nunca, construir el Estado verdaderamente Democrático en defensa del Estado Social. Para ello necesitamos una la ley electoral que garantice la responsabilidad directa ante sus electores de nuestros representantes, que éstos estén respaldados por el mismo número de ciudadanos; que uno de los delitos más graves sea el de estafa electoral; que el pueblo decida directamente sobre las cuestiones fundamentales como son la organización del Estado y el equilibrio de sus Poderes, los derechos y libertades garantizados, sus responsabilidades y sus obligaciones; la planificación y el control democrático de la  economía en sus sectores estratégicos, garantizando que la riqueza nacional esté supeditada al interés general que se concreta en una vida digna para todos los ciudadanos y en el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos. 

          
Como todos estos objetivos no se apartan de la Constitución, están legitimados por la aspiración de los seres humanos a vernos libres de la necesidad, pero son incompatibles con la corrupción, la represión más legítima es la que ejerce el juez concreto en nombre de toda la ciudadanía para defender “el Estado de Derecho, del que forma parte esencial el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el correcto equilibrio de los poderes del Estado” Para ello, “al amparo de lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución, artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  y 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” el FRENTE CÍVICO en nombre de LA MAYORÍA, ha solicitado personarse en las diligencias previas 2677/08, Pieza Separada, 25, del Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca, a cargo del Juez Don José Castro.
        

             Lo hacemos porque, en definitiva, estamos convencidos de que en este asunto tanto el juez como la ciudadanía somos inocentes, porque queremos que las leyes se apliquen a todos por igual y, “sin adelantar acontecimientos”, pelearemos para que a la mayoría social y al Estado Social y Democrático de Derecho, “nos vaya bien”. 

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